Tratando de aportar un poco respecto al planteamiento que se ha venido realizando en los últimos años, referente a los principales problemas del derecho penal en México y su aplicación en la impartición de justicia, permítanme comentarles lo siguiente:
Me encuentro convencido que el principal problema se encuentra en la forma de reaccionar por parte del Estado y la aplicación de su poder, ya que este responde con más energía ante el delito que ante las violaciones a otras normas civiles, administrativas o de otra naturaleza, es lo que Fernando Castellanos define como la única distinción entre el Derecho penal y otras ramas del Derecho; es decir, el Estado aún en nuestro actual sistema de justicia penal, prejuzga sobre nuestras conductas atacando de manera sistemática el principio de presunción de inocencia, se supone que es un principio rector del derecho penal, que de la mano con el control constitucional, nos permite a los gobernados los medios de defensa mas eficaces, sin embargo, las facultades con las que están dotados los funcionarios públicos encargados de la procuración y administración de justicia son tan amplias que basta una simple presunción de culpabilidad para entonces fincar responsabilidad penal y etiquetar a la persona como un sujeto activo del delito – o sea, un delincuente -.
Luego entonces, en la realidad no existe ese principio de presunción de inocencia, sino todo lo contrario –eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia- los excesos en los que cae el propio sistema de justicia penal en México es derivado de esa diferenciación que Castellanos bien menciona, de hecho cualquier persona imputada de algún injusto penal, tiene a sus espaldas todo el poder punitivo del estado y sin una buena defensa penal, termina pagando penas por un delito que en la mayoría de ocasiones ni siquiera fue debidamente acreditado.
Otro problema que percibo es la falta de una buena institución de Defensoría Publica. Esta institución debe ser un ente garante de la legalidad y del debido proceso para toda persona imputada, sin embargo al día de hoy se encuentra rebasada en sus capacidades, trayendo consigo una falta de profesionalismo y desempeño en perjuicio del imputado. Todos tenemos derecho a una defensa digna, sin embargo ha habido casos en los que, como comente la Defensoría Publica es rebasada y las actividades que realizan se alejan del objetivo principal que es el de procurar una defensa de calidad al gobernado que se le esta imputando un ilícito. De igual manera que el sistema de justicia penal en México se ha transformado, esta institución debe también transformarse e ir de la mano con los nuevos rumbos que esta tomando la nueva justicia penal.
El sistema de justicia penal se encuentra al día de hoy en una fase experimental de transformación, tratando de posicionarse mediante el derecho comparado a los niveles que países como Chile o Colombia – por mencionar solo dos – han alcanzado, quienes llevan ya una larga carrera de transformación de su propio sistema de justicia penal.
La aplicación del derecho penal en México, en particular la dogmática penal, dista mucho de ser perfecta, sin embargo es perfectible; los intentos por reformar los modelos mixtos a modelo acusatorio ha obtenido grandes resultados en otros países, sin embargo, resulta complicado la aplicación de esos modelos por los cambios estructurales en los espacios físicos y la capacitación de los servidores públicos encargados de su aplicación, no por nada la reforma penal de 2008, calculó que la transformación definitiva del modelo mixto al modelo acusatorio seria en un plazo no mayor de 8 años.
Como abogado pondría un grano de arena para intentar cambiar el sistema de justicia penal en México y como primer punto pondría la especialización; para dar un excelente servicio a las personas que representamos ya que debemos estar debidamente capacitados, además la materia penal en México esta controlada por un sistema; y este sistema como hemos podido comprobar ha sido, deficiente y corrupto, por lo que como abogado no podemos permitir permearnos de ese sistema ya que si estamos del lado de la defensa, nuestra obligación es con nuestros clientes y no con lazos de amistad, compadrazgo o contubernios de los funcionarios públicos que se encuentran en esos puestos precisamente para administrar y procurar justicia; la ética profesional del abogado, debe estar por encima de cualquier relación de amistad o cercanía con el funcionario.
Por eso, en base a esta ideología decidimos prestar un servicio de defensa penal, ético, eficiente y honesto, siempre en beneficio de nuestros clientes que nos favorecen con su confianza.
